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Autonomia de la voluntad y Embarazo en Adolescentes

2017-08-02 10:41:02


Introducción

Según datos de diferentes organizaciones entre ellas Unicef Argentina, los países que comprenden Latinoamérica y el Caribe son la segunda región mundial con mayor cantidad de embarazos adolescentes y es importante saber que en Argentina se mantiene estable el número de embarazos adolescentes por año en el periodo de los últimos 20 años. El origen de estas situaciones en algunas es cultural como en grupos étnicos pero en otros es falta de información certera al convivir con tantos canales de comunicación que llegan a esta población y debemos ser conscientes que los adolescentes no conforman un grupo homogéneo como fue ya referido por diversas fuentes, teniendo en común solo la edad. Al considerarlo un grupo heterogéneo estos viven en circunstancias diferentes y tienen necesidades diversas. En la actualidad se observa que hay una libertad sin responsabilidad de los medios de comunicación y donde los padres de estos adolescentes suelen trabajar jornada completa para poder satisfacer necesidades del núcleo familiar quedando relegado el dialogo entre los integrantes de la familia ante diferentes situaciones problemáticas, entre ellas el embarazo adolescente.

Evolución de la Autonomía de la voluntad en Adolescentes

A través de los siglos diferentes influencias y necesidades de la sociedad llevaron de manera favorable aunque lenta la evolución de la familia actual, logrando en la actualidad preservar el interés fundamental en los niños, niñas y adolescentes basados en la solidaridad de los lazos familiares. Es por ello que desarrollaré brevemente la evolución de los derechos de los menores de edad para comprender un poco más como llegamos a la actual autonomía de la voluntad de los adolescentes.
En el Imperio Romano, el Derecho primitivo utilizado estaba caracterizado por ser un poder ejercido sobre todas las personas que constituían el núcleo familiar. Es así que el pater o padre respecto a los miembros de su familia, tenía el poder sobre la vida y la muerte.
Al llegar la época de la República esos poderes se encontraban limitados en virtud de la intervención de los magistrados públicos, se prohibieron los castigos extremos como la muerte y se comenzó a juzgar en forma pública los delitos. En materia patrimonial el “pater” era el titular del patrimonio de todos los integrantes del núcleo familiar.
El Cristianismo tiene una incidencia fuertemente marcada en esta institución, ya que su protección va más allá de la autoridad paterna y es el interés de los hijos.
Avanzando en el tiempo, “el Derecho Español medieval manifestaba que la autoridad de los padres es sumamente amplia y se fue atenuando a través del tiempo, pero la misma mostró una clara intención de proteger al menor desprotegido asemejándose al Derecho Germánico” (López Díaz, 2005, p. 23). Además, la voluntad de los padres era decisiva en la celebración del matrimonio y esponsales, con el tiempo ganó cada vez más en importancia la voluntad de los contrayentes.
En la actualidad y sin pretender seguir un histórico detallado de la evolución que tuvo la autonomía de la voluntad de los adolescentes, en Argentina se observa que en el código Veleziano en su artículo 126 y consiguientes, los menores eran aquellos que no habían cumplido los 18 años, por lo tanto eran incapaces para cualquier acto jurídico y si fueran padres adolescentes estaban privados de ejercer la patria potestad de sus hijos, en consecuencia se ejercerá la tutela sobre el progenitor quien tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, sin tener en cuenta la opinión del menor, salvo que se emanciparan con determinados requisitos.
La gran maestra Lloveras (2009) refiere que en la reforma del año 1994 de nuestra Constitución Nacional se introdujo expresamente la jerarquía constitucional de diversas disposiciones internacionales sobre la igualdad y la familia, entre ellos la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en sus Art. 2 y 12 sobre la igualdad y a su vez declara en los Art. 5, 6 y 7, estableciendo derechos sobre la familia, su constitución, a su protección y en la protección de la maternidad e infancia, brindando cuidados y ayuda especial a la mujer y al niño que así lo requiera.
También expresó sobre el derecho a la familia en su preámbulo, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y en sucesivos artículos basándose en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. A su vez sostiene que la igualdad como fundamento constitucional de las relaciones familiares, determinará en cada supuesto el derecho reglamentario más beneficioso para garantizar los DD.HH. de cada uno de los protagonistas de aquellas. Es así que las familias se asisten solidariamente entre ellos generando una retroalimentación donde uno asiste a los otros y la vez ellos asisten al otro. Esto se basa en la cooperación y colaboración para la realización personal y grupal de los miembros de la familia.
Siguiendo la ideología de la Dra. Lloveras (2009) expresa que la familia en nuestra constitución se construye en base a la solidaridad familiar y que es uno de los fundamentos constitucionales de la protección y el resguardo de los institutos transcendentales del Derecho de Familia, entre ellos los alimentos, la asistencia, la seguridad social, la protección y trato digno entre los miembros de la misma asegurando además el pleno de desarrollo en todos sus aspectos de los niños, niñas y adolescentes.
El vigente CCCN que tiene vigencia desde el Primero de Agosto del 2015, atribuye un gran protagonismo a la autonomía de la voluntad, basándose en la convención sobre los derechos del niño quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.”


Leyes que protegen a la Mujer Adolescente embarazada

Desde 1985 en Argentina se avanzó en materia de disposiciones jurídicas ratificando tratados que promueven los derechos de las mujeres contra la discriminación y la desigualdad que estas sufren por motivos de género. Estos derechos se encuentran en diferentes niveles que van desde las convenciones internacionales, incluyendo regionales, leyes nacionales, provinciales en la mayoría de las provincias y ordenanzas municipales.
A nivel internacional, los Derechos Humanos se han ocupado de la discriminación por género en diversos aspectos, siendo en la actualidad un compilado de gran importancia que rige para nuestro país. Entre las principales normativas que protegen los derechos de las mujeres, podemos citar, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer ratificada por nuestro país en el año 1985, por ley número 23.179, recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana (Herrera y Spaventa, 2008).
En el Art. 12 punto 2 de la ley 23.179 refiere que los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Este artículo sentará las bases para otras leyes nacionales que brindaran protección a las madres adolescentes.
En Junio del 2000 se sanciona la ley Nº 25.273 creándose un Régimen Especial de Inasistencias Justificadas como así lo justifica en su art. 1 alegando por razones de gravidez para alumnas que cursen los ciclos de Enseñanza General Básica, Polimodal y Superior No Universitaria en establecimientos de jurisdicción nacional, provincial o municipal, que no posean una reglamentación con beneficios iguales o mayores a los que otorga esta ley. Pero esta ley nada habla de la no discriminación en Institutos privados.
El 28 de noviembre de 2003 se promulga por el Honorable Congreso de la Nación la ley 25.808 que modifica el artículo 1º de la ley 25.584 prohibiendo que en las instituciones de educación pública y privada se impida la prosecución normal de los estudios de las alumnas embarazadas o madres en período de lactancia.
La Ley 26.061 que corresponde a la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes brega la prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad y asegurar la continuidad y finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes. Además se tiene en cuenta que a la mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.
Este artículo es de vital importancia porque en la escuela pública y privada se elimina la discriminación que se realizaba a través de sanciones disciplinarias y por consiguiente la marginación de la mujer adolescente quien no podía finalizar sus estudios o bien terminaban siendo obligadas a la entrega en adopción de su hijo/a contra su voluntad para poder finalizar sus estudios y evitar cargas que la misma sociedad le imponía siendo estigmatizada.
Además todo niño que se vea afectado por un proceso tiene derecho a que le designen un abogado de su confianza, y en caso que no lo posea, el Estado deberá asignar uno de oficio. Desde este punto de vista, el derecho de defensa técnica establecida en el art. 27 de la ley 26.061 es una garantía que obliga al Estado a hacerla efectiva. De ello se infiere que es un derecho del niño contar con dicha asistencia letrada. Así para el niño la designación de un abogado de confianza es optativa pero para el Estado no lo es, por lo tanto siempre debe proporcionarle al niño un abogado de oficio, encontrándose comprometidas otras garantías constitucionales como el debido proceso.

Conclusión

Esta orientación de las leyes y con la vigencia en pleno del CCCN, permite encontrar soluciones más respetuosas de la autonomía de la voluntad de los adolescentes, como por ejemplo, la intromisión del tutor en las decisiones que toma el adolescente, teniendo el derecho a recibir información clara, atención médica y métodos anticonceptivos de forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. El poder decidir con quién ir a la consulta médica ya sea con sus padres, amigos, pareja o solos, y deben ser atendidos en un espacio de confidencialidad.
Debe quedar claro que la función del abogado del niño es llevar al tribunal la postura individual de su patrocinado y hacer prevalecer sus derechos y garantías, siendo su función asesorar al niño en el diseño de la estrategia procesal. Siendo además su función aportar pruebas y controlar la prueba contraria cuyas facultades están comprendidas en el art. 27 inc. C.
De esta manera concluir que es de relevante importancia educar, promocionar y dar a conocer que todos tienen el derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, explotación o acoso y el derecho del menor de ser patrocinado por un abogado en caso de conflicto de intereses.


Autor:
Ab. Christian Aprosoff
Maestrando en Derecho de Daños


Referencias:

1- http://www.unicef.org/argentina/spanish/Embarazo_adolescente_Argentina-VB.pdf
2- HERRERA, M., SPAVENTA, C. (2008). Vicisitudes y derechos de las madres solas a cargo de sus hijos, en Grosman C. Familia monoparental. Buenos Aires. Editorial Universidad.
3- LOPEZ DIAZ, C. (2005). Manual de Derecho de Familia (1a Ed.). Tomo1. Santiago de Chile. Lom Ediciones.
4- LLOVERAS, S. (2009). El derecho de la familia desde la Constitución Nacional (1a Ed.). Buenos Aires. Editorial Universidad.
5- MINYERSKY, N., HERRERA, M. (2006). Autonomía, capacidad y participación a la luz de la ley 26.061. Buenos Aires. Editores del Puerto.

Daños causados por el dependiente en el trabajo

2017-08-29 11:29:09


Introducción

A la luz del nuevo Código Civil y Comercial queda claramente definido en su Art. 1753 que el principal responde por los daños ocasionados por el hecho del dependiente. Y que el principal responde objetivamente por los daños, siendo este responsable en causado por los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas.
La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente.
De los comentarios realizados en el Tomo IV del CCyCN publicado por InfoJus sobre el art. 1753, cabe destacar ciertos puntos para que el hecho del dependiente sea imputable al principal y es preciso que se encuentren reunidos tres recaudos, a saber:
1) debe existir una relación de dependencia entre el dependiente y el principal;
2) el daño debe haber sido causado en ejercicio o en ocasión de la función; y
3) debe existir un hecho ilícito del subordinado.

Daños causados por el dependiente en ejercicio o en ocasión de las funciones.

La mayoría de las actividades de la vida moderna se desarrollan cuando una persona se sirve de otra, pudiendo originar una responsabilidad indirecta. Con el paso del tiempo la jurisprudencia deja atrás la responsabilidad del principal como subjetiva, que se basaba en la culpa, para considerarse en la actualidad que la responsabilidad por el hecho del dependiente era objetiva, siendo para algunos el fundamento objetivo, el riesgo (Pizarro, Vallespinos, Spota).
Siendo para otros como Meza, una obligación legal de garantía impuesta por consideraciones de justicia y de interés social, y como medio de brindar una protección eficaz a la víctima.
La dependencia constituye la razón fundamental por la cual el principal es llamado a responder por el hecho dañoso, dado que éste se produce en razón del riesgo creado que nace con motivo de una actividad desplegada por otra persona en interés de aquél.
No es necesario que exista una verdadera "dependencia laboral", es decir, en el sentido de que quien ocasione el daño deba ser necesariamente un empleado registrado ante las autoridades laborales y que figure como tal en los libros del principal. Por el contrario, a los fines de este supuesto de responsabilidad, bastará para tener por configurada la relación de dependencia que el principal posea un poder de control y de impartir órdenes con respecto a su subordinado, y que posea un poder de supervisión sobre los métodos y medios del agente. De tal modo, que la relación de dependencia exigida debe ser apreciada de forma laxa y con un criterio flexible, dado que lo fundamental reside en la conducta que desempeña un sujeto en interés o por cuenta y orden de otro (Calvo Costa).
En el caso de actividad exclusivamente personal, la base objetiva emerge del deber de garantía.
Borda (2017) se enrola en esta tesis cuando manifiesta que "la teoría justamente predominante según la cual la responsabilidad del principal es inexcusable aun cuando demuestre su falta de culpa, es la demostración palmaria de que no es la culpa el fundamento de dicha responsabilidad. Ese fundamento no es otro que el riesgo creado con la delegación de funciones en un tercero. Quien crea el riesgo debe asumir la reparación de los daños ocasionados".
Por su lado Boragina (2007) refiere que al momento de analizar los deberes comprendidos por el dependiente en ejercicio o en ocasión de las funciones que debe realizar se debe tener en cuenta que deberes son los que consisten.

Como se viene diciendo estos deberes consisten en:
- Deberes de prestación, que comprende conductas positivas (dar o hacer) o negativas (no hacer) y puede configurarse a partir del compromiso de actuar diligentemente (obligaciones de medios) o asegurando la consecución del interés del acreedor (obligaciones de resultado) garantizando objetivamente el cumplimiento efectivo de la actividad de medio o resultado comprometida.
- Deberes de protección, que corresponden al deber de seguridad, por la que el deudor que presta por medio de un tercero autorizado, asume de modo paralelo y autónomo a la obligación principal un deber complementario de seguridad, mediante el cual garantiza al acreedor que, durante el desarrollo de la prestación planificada, el ejecutor material no le originará daño en otros bienes distintos de aquellos que comprenden el objeto del negocio jurídico.


Presupuestos de la responsabilidad especial del dependiente.


1. Factor de atribución respecto del dependiente que ocasiona el daño en forma directa.


Con respecto al factor de atribución se observa justificada la responsabilidad directa del dependiente y es común a todo supuesto de responsabilidad por daños, como quedó dicho se trata de un factor de atribución objetivo denominado garantía.
Es decir que el daño cometido por el dependiente va a justificar la responsabilidad del principal tanto cuando exista culpa por parte del auxiliar como cuando esté presente cualquier otro factor de atribución objetivo, como puede ser el riesgo creado, para eximirse de responsabilidad el principal debe acreditar la causa ajena contemplada en el art. 1722 del CCyCN.


2. Relación de dependencia


El requisito más importante o más característico de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente es precisamente la relación de dependencia que debe existir entre ambos. Si el autor material del daño no se encuentra bajo la dependencia del patrón o comitente, éste nada tendrá que responder.
Existe acuerdo sobre tal punto; en lo que no existe acuerdo es en fijar el concepto o los límites de la dependencia.
Debe partirse de la base de que no es necesaria la existencia de dependencia laboral. Como refiere Lorenzetti (2016) la responsabilidad del principal por el hecho de los terceros de los que se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, debe entenderse que se refieren a los daños en ocasión de esa ejecución, el dependiente causa a terceros o bien los que produce al propio acreedor, pero fuera del ámbito de las obligaciones del principal, con los que quedan sujetos al ámbito de responsabilidad, configurándose que el autor del daño haya dependido para su accionar de la autorización del principal, aun cuando se trate de una relación circunstancial o gratuita.
Mayo considera que es dependiente "el sujeto a quien se confiere un encargo o empleo; se le da un destino, ocupación u oficio. No obstante, lo relevante está en el hecho de conferir un encargo, lo que supone que dependiente no es sólo quien está bajo la subordinación de otro, del cual recibe órdenes y es controlado y vigilado, sino también quien sin estar bajo subordinación, es empleado o utilizado por otro, que lo hace obrar para sí [...] la dependencia se manifiesta siempre que se ejerce una actividad por cuenta y en el interés de otro, a cuyo favor va dirigido el resultado de la actividad misma, independientemente de la existencia de una verdadera y propia relación laboral o de subordinación".

3. Relación entre las funciones y el hecho dañoso


Para que proceda la responsabilidad del principal, aún debe comprobarse la necesaria relación que debe existir entre las tareas propias del subordinado y el prejuicio.
Esta claro que una vez configurada la relación de dependencia, no todo daño causado por el dependiente compromete la responsabilidad del principal sino que debe darse una necesaria relación entre las tareas propias del dependiente y el perjuicio.
En general, la doctrina está dividida en dos grandes sectores de opinión. Para algunos es necesario que el daño haya sido cometido en ejercicio de las funciones, a otros les basta la mera ocasión de la función .
El daño se considera ocasionado en ejercicio de las funciones "cuando existe congruencia entre el acto y lo encomendado, de manera que la naturaleza del primero corresponde al contenido de la incumbencia [...] el daño se causa con ocasión de las funciones cuando el hecho que lo produce es extraño por su índole, contenido o naturaleza a la actividad dependiente, aunque mantiene alguna vinculación con ésta" (Marino) la cual pareciera ser la tendencia mayoritaria.
En otras palabras, debe mediar relación de causalidad adecuada entre el ámbito funcional y el hecho dañoso del dependiente. Siendo necesario para caracterizar el concepto de ocasión debe ponderarse la existencia de una adecuada relación entre la función y el acto del dependiente. Debiendo mediar relación de causalidad adecuada entre la función y el daño, ponderada a la luz de la normativa de los artículos 901 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.


Conclusión


En cuanto al alcance del concepto cumplimiento de la obligación, debe entenderse en sentido amplio, comprensivo no sólo del deber de prestación propiamente dicho, sino también de los deberes en la etapa preparatoria de una obligación y de las de protección o conservación que incumben al débito. Esta aseveración implica que cada parte deberá soportar la culpa incurrida por las personas de que se sirva para la preparación de la conclusión de un contrato y para el cumplimiento de los deberes precontractuales. Es decir, queda comprometido por las conductas que desplieguen sus auxiliares en los tratos preliminares tanto si éstos tienen poder para perfeccionar el contrato como si sólo están autorizados para cooperar de algún modo en la preparación de su conclusión.
"Se trata, en definitiva, de caracterizar a los daños causados con ocasión de las funciones, con criterios de razonabilidad y equidad (VI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1977)".


Bibliografía


- Boragina, J.C., “La Responsabilidad del principal por el obrar de sus dependientes: ¿se imputa riesgo a creado?” Revista de derecho de Daños, 2007-1, Creacion de riesgo, Rubinzal-Culzoni, 2007,p.199.

- BUERES, Alberto J., "El fundamento de la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente", en "Revista de Derecho de Daños", 2003-1, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 24.

- Código Civil y Comercial Comentado. InfoJus. Recuperado el 17/08/2017:
www.saij.gob.ar/docs-f/codigo-comentado/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_IV.pdf

- Calvo Costa, Carlos A., Reflexiones en torno a la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, RCyS2012-II, 37.

- MAYO, Jorge “Responsabilidad del principal”, en Revista de Derecho de Daños, Año 2003, Vol. I

- Lorenzetti, C. “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”. 2015 – Ed. Runbinzal Culzoni.

- Silvestre Aimo, Norma Olga Marino, Abel E., “Responsabilidad por los hechos de los auxiliares obligacionales y de los dependientes, pub. RCyS2015-IV, 155, cita online: AR/DOC/421/2015.

- Marino, A. E. “Actuación de auxiliares en el cumplimiento de obligaciones” Publicado en: RCyS 2015-XII , 5. Cita Online: AR/DOC/4011/2015

Prestaciones que deben ser cubiertas por las obras sociales

2018-01-28 19:39:28


¿Qué prestaciones deben ser cubiertas por las obras sociales y prepagas a favor de las personas con capacidades diferentes?

Es muy común desconocer cuales son las prestaciones básicas que deben prestar las obras sociales y empresas de medicina privada en personas con capacidades diferentes.
En los artículos 14 a 18 de la Ley 24.901 están claramente enunciadas las prestaciones básicas que debe cubrir la obra social y ellas son:

• Terapias y Rehabilitación: estimulación temprana, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, centro de rehabilitación psicofísica, centro educativo terapéutico, rehabilitación motora, prótesis, descartables, sillas de ruedas, pañales, odontología integral, estudios genéticos y toda otra rehabilitación o terapia.

• Transporte y Educación: Escuela especial como común, y maestro integrador.

• Internación: Hogar, residencia, centro de día.

• Prevención: Estudios de Diagnóstico y control. Estudios que permitan prevenir o detectar tempranamente alguna discapacidad.

• Grupo Familiar: Apoyo psicológico al grupo familiar.

• Otras prestaciones: Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan al cuerpo de profesionales de la obra social o prepaga.

Cabe resaltar que todas las prestaciones contempladas en la ley deben ser cubiertas tanto por empresas de medicinas prepagas como las obras sociales.
Todos los beneficiarios deben saber que ley 24.901 OBLIGA a las obras sociales a otorgar las prestaciones y en el caso que no tengan en sus listados a los profesionales deben reintegrar el pago de éstas si se realizan por agentes externos, es decir por profesionales que no tengan convenio con la obra social, esto también es aplicable a las empresas de medicina prepaga.

Las obras sociales y las prepagas deben cubrir en un 100% de estas prestaciones: esto significa en SU TOTALIDAD y no una parte.
Es por ello que debe tener presente que sea una obra social o una prepaga deben realizar una COBERTURA INTEGRAL, es decir deben cubrirle todos los gastos.


EN CASO DE QUE NO SE BRINDE COBERTURA TOTAL…

Muchas veces sucede que la obra social o la empresa de medicina prepaga no quiere brindar la cobertura total, con excusas que incumplen con la ley.

El Estudio APROSOFF - JUÁREZ le brinda el asesoramiento jurídico e intima a las mismas en forma precisa y fehaciente a que lo hagan. Usted debe saber que el reclamo de un derecho legítimo no interrumpe el servicio de salud por parte de la Obra Social o Prepaga.

Si la empresa de medicina prepaga u obra social sigue incumpliendo su prestación, mediante la interposición de una ACCIÓN DE AMPARO se solicita que cumplan con sus obligaciones.

Si la justicia hace lugar a la medida cautelar solicitada en la acción de amparo, se logra que la Obra Social o Prepaga cumpla en forma inmediata.


TRATAMIENTOS NO CONTEMPLADOS

En el caso que solicite la cobertura de tratamientos que no se encuentren contemplados, nuestra jurisprudencia nacional es muy favorable a la protección del derecho a la salud y obliga a Obras Sociales y a las empresas de Medicina Prepaga a cubrir con intervenciones quirúrgicas, cobertura de medicamentos, tratamientos especiales que no se encuentren detallados específicamente.

Ab. Christian Aprosoff
Maestrando en Derecho de Daños
Docente de la Cátedra Bioetica. ATSA