Autonomia de la voluntad y Embarazo en Adolescentes

Introducción

Según datos de diferentes organizaciones entre ellas Unicef Argentina, los países que comprenden Latinoamérica y el Caribe son la segunda región mundial con mayor cantidad de embarazos adolescentes y es importante saber que en Argentina se mantiene estable el número de embarazos adolescentes por año en el periodo de los últimos 20 años. El origen de estas situaciones en algunas es cultural como en grupos étnicos pero en otros es falta de información certera al convivir con tantos canales de comunicación que llegan a esta población y debemos ser conscientes que los adolescentes no conforman un grupo homogéneo como fue ya referido por diversas fuentes, teniendo en común solo la edad. Al considerarlo un grupo heterogéneo estos viven en circunstancias diferentes y tienen necesidades diversas. En la actualidad se observa que hay una libertad sin responsabilidad de los medios de comunicación y donde los padres de estos adolescentes suelen trabajar jornada completa para poder satisfacer necesidades del núcleo familiar quedando relegado el dialogo entre los integrantes de la familia ante diferentes situaciones problemáticas, entre ellas el embarazo adolescente.

Evolución de la Autonomía de la voluntad en Adolescentes

A través de los siglos diferentes influencias y necesidades de la sociedad llevaron de manera favorable aunque lenta la evolución de la familia actual, logrando en la actualidad preservar el interés fundamental en los niños, niñas y adolescentes basados en la solidaridad de los lazos familiares. Es por ello que desarrollaré brevemente la evolución de los derechos de los menores de edad para comprender un poco más como llegamos a la actual autonomía de la voluntad de los adolescentes.
En el Imperio Romano, el Derecho primitivo utilizado estaba caracterizado por ser un poder ejercido sobre todas las personas que constituían el núcleo familiar. Es así que el pater o padre respecto a los miembros de su familia, tenía el poder sobre la vida y la muerte.
Al llegar la época de la República esos poderes se encontraban limitados en virtud de la intervención de los magistrados públicos, se prohibieron los castigos extremos como la muerte y se comenzó a juzgar en forma pública los delitos. En materia patrimonial el “pater” era el titular del patrimonio de todos los integrantes del núcleo familiar.
El Cristianismo tiene una incidencia fuertemente marcada en esta institución, ya que su protección va más allá de la autoridad paterna y es el interés de los hijos.
Avanzando en el tiempo, “el Derecho Español medieval manifestaba que la autoridad de los padres es sumamente amplia y se fue atenuando a través del tiempo, pero la misma mostró una clara intención de proteger al menor desprotegido asemejándose al Derecho Germánico” (López Díaz, 2005, p. 23). Además, la voluntad de los padres era decisiva en la celebración del matrimonio y esponsales, con el tiempo ganó cada vez más en importancia la voluntad de los contrayentes.
En la actualidad y sin pretender seguir un histórico detallado de la evolución que tuvo la autonomía de la voluntad de los adolescentes, en Argentina se observa que en el código Veleziano en su artículo 126 y consiguientes, los menores eran aquellos que no habían cumplido los 18 años, por lo tanto eran incapaces para cualquier acto jurídico y si fueran padres adolescentes estaban privados de ejercer la patria potestad de sus hijos, en consecuencia se ejercerá la tutela sobre el progenitor quien tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, sin tener en cuenta la opinión del menor, salvo que se emanciparan con determinados requisitos.
La gran maestra Lloveras (2009) refiere que en la reforma del año 1994 de nuestra Constitución Nacional se introdujo expresamente la jerarquía constitucional de diversas disposiciones internacionales sobre la igualdad y la familia, entre ellos la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en sus Art. 2 y 12 sobre la igualdad y a su vez declara en los Art. 5, 6 y 7, estableciendo derechos sobre la familia, su constitución, a su protección y en la protección de la maternidad e infancia, brindando cuidados y ayuda especial a la mujer y al niño que así lo requiera.
También expresó sobre el derecho a la familia en su preámbulo, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y en sucesivos artículos basándose en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. A su vez sostiene que la igualdad como fundamento constitucional de las relaciones familiares, determinará en cada supuesto el derecho reglamentario más beneficioso para garantizar los DD.HH. de cada uno de los protagonistas de aquellas. Es así que las familias se asisten solidariamente entre ellos generando una retroalimentación donde uno asiste a los otros y la vez ellos asisten al otro. Esto se basa en la cooperación y colaboración para la realización personal y grupal de los miembros de la familia.
Siguiendo la ideología de la Dra. Lloveras (2009) expresa que la familia en nuestra constitución se construye en base a la solidaridad familiar y que es uno de los fundamentos constitucionales de la protección y el resguardo de los institutos transcendentales del Derecho de Familia, entre ellos los alimentos, la asistencia, la seguridad social, la protección y trato digno entre los miembros de la misma asegurando además el pleno de desarrollo en todos sus aspectos de los niños, niñas y adolescentes.
El vigente CCCN que tiene vigencia desde el Primero de Agosto del 2015, atribuye un gran protagonismo a la autonomía de la voluntad, basándose en la convención sobre los derechos del niño quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 26.- Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.
No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.”


Leyes que protegen a la Mujer Adolescente embarazada

Desde 1985 en Argentina se avanzó en materia de disposiciones jurídicas ratificando tratados que promueven los derechos de las mujeres contra la discriminación y la desigualdad que estas sufren por motivos de género. Estos derechos se encuentran en diferentes niveles que van desde las convenciones internacionales, incluyendo regionales, leyes nacionales, provinciales en la mayoría de las provincias y ordenanzas municipales.
A nivel internacional, los Derechos Humanos se han ocupado de la discriminación por género en diversos aspectos, siendo en la actualidad un compilado de gran importancia que rige para nuestro país. Entre las principales normativas que protegen los derechos de las mujeres, podemos citar, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer ratificada por nuestro país en el año 1985, por ley número 23.179, recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana (Herrera y Spaventa, 2008).
En el Art. 12 punto 2 de la ley 23.179 refiere que los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Este artículo sentará las bases para otras leyes nacionales que brindaran protección a las madres adolescentes.
En Junio del 2000 se sanciona la ley Nº 25.273 creándose un Régimen Especial de Inasistencias Justificadas como así lo justifica en su art. 1 alegando por razones de gravidez para alumnas que cursen los ciclos de Enseñanza General Básica, Polimodal y Superior No Universitaria en establecimientos de jurisdicción nacional, provincial o municipal, que no posean una reglamentación con beneficios iguales o mayores a los que otorga esta ley. Pero esta ley nada habla de la no discriminación en Institutos privados.
El 28 de noviembre de 2003 se promulga por el Honorable Congreso de la Nación la ley 25.808 que modifica el artículo 1º de la ley 25.584 prohibiendo que en las instituciones de educación pública y privada se impida la prosecución normal de los estudios de las alumnas embarazadas o madres en período de lactancia.
La Ley 26.061 que corresponde a la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes brega la prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad y asegurar la continuidad y finalización de los estudios de las niñas, niños y adolescentes. Además se tiene en cuenta que a la mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella.
Este artículo es de vital importancia porque en la escuela pública y privada se elimina la discriminación que se realizaba a través de sanciones disciplinarias y por consiguiente la marginación de la mujer adolescente quien no podía finalizar sus estudios o bien terminaban siendo obligadas a la entrega en adopción de su hijo/a contra su voluntad para poder finalizar sus estudios y evitar cargas que la misma sociedad le imponía siendo estigmatizada.
Además todo niño que se vea afectado por un proceso tiene derecho a que le designen un abogado de su confianza, y en caso que no lo posea, el Estado deberá asignar uno de oficio. Desde este punto de vista, el derecho de defensa técnica establecida en el art. 27 de la ley 26.061 es una garantía que obliga al Estado a hacerla efectiva. De ello se infiere que es un derecho del niño contar con dicha asistencia letrada. Así para el niño la designación de un abogado de confianza es optativa pero para el Estado no lo es, por lo tanto siempre debe proporcionarle al niño un abogado de oficio, encontrándose comprometidas otras garantías constitucionales como el debido proceso.

Conclusión

Esta orientación de las leyes y con la vigencia en pleno del CCCN, permite encontrar soluciones más respetuosas de la autonomía de la voluntad de los adolescentes, como por ejemplo, la intromisión del tutor en las decisiones que toma el adolescente, teniendo el derecho a recibir información clara, atención médica y métodos anticonceptivos de forma gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. El poder decidir con quién ir a la consulta médica ya sea con sus padres, amigos, pareja o solos, y deben ser atendidos en un espacio de confidencialidad.
Debe quedar claro que la función del abogado del niño es llevar al tribunal la postura individual de su patrocinado y hacer prevalecer sus derechos y garantías, siendo su función asesorar al niño en el diseño de la estrategia procesal. Siendo además su función aportar pruebas y controlar la prueba contraria cuyas facultades están comprendidas en el art. 27 inc. C.
De esta manera concluir que es de relevante importancia educar, promocionar y dar a conocer que todos tienen el derecho a vivir la sexualidad sin violencia, coacción, explotación o acoso y el derecho del menor de ser patrocinado por un abogado en caso de conflicto de intereses.


Autor:
Ab. Christian Aprosoff
Maestrando en Derecho de Daños


Referencias:

1- http://www.unicef.org/argentina/spanish/Embarazo_adolescente_Argentina-VB.pdf
2- HERRERA, M., SPAVENTA, C. (2008). Vicisitudes y derechos de las madres solas a cargo de sus hijos, en Grosman C. Familia monoparental. Buenos Aires. Editorial Universidad.
3- LOPEZ DIAZ, C. (2005). Manual de Derecho de Familia (1a Ed.). Tomo1. Santiago de Chile. Lom Ediciones.
4- LLOVERAS, S. (2009). El derecho de la familia desde la Constitución Nacional (1a Ed.). Buenos Aires. Editorial Universidad.
5- MINYERSKY, N., HERRERA, M. (2006). Autonomía, capacidad y participación a la luz de la ley 26.061. Buenos Aires. Editores del Puerto.

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